Concretamente, la juez ordena el embargo preventivo "de todos y cada uno de los bienes inmuebles, vehculos, acciones y valores" de las sociedades Rialar 95 S.L. y Dehesa de Juan Esteban S.A. de las que Manuel Prado y Colón de Carvajal fue su propietario al 100 por 100 hasta 1998.

La juez Palacios ha tomado esta medida a instancias del fiscal anticorrupción encargado del caso, Salvador Viada, y de los abogados del grupo Torras, quienes habían solicitado la intervención judicial de dichas sociedades.

En su resolución, la juez instructora del "caso Torras-KIO" prohibe la venta o enajenación de lo ebargado, que pasará a ser tutelado por un interventor judicial.

La juez Palacios recuerda que el 22 de enero de 1998 impuso una fianza de 2.000 millones de pesetas a Manuel Prado, a quien se le requisaron tres vehículos para hacer efectiva la cantidad impuesta pero que "en modo alguno cubren el importe exigido".

Además, señala que el propio Manuel Prado reconoció ante su juzgado "el dominio sobre las sociedad por las que fue interrogado" así como que continuaba relacionándose "con las personas qu siguen figurando como administradores" de las sociedades ahora embargadas.

Manuel Prado está imputado en el "caso Torras-KIO" por su presunta participación en la denominada "Operación Wardbase". El fiscal solicita para el empresario un total de 4 años y dos meses de cárcel por un delito de apropiación indebida, consistente en haber cobrado presuntamente del Grupo Torras 1.900 millones mediante una factura falsa.

En el "caso Torras-KIO", la juez investiga la desaparición de varios miles de millons de pesetas del Grupo Torras, en la que también está implicado supuestamente el empresario catalán Javier de la Rosa.