En el auto, la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ordena investigar la capacidad real económica del empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, del financiero Javier de la Rosa y del ex asesor jurídico del Grupo Torras en España Juan José Folchi, así como los siguientes ex altos cargos directivos de la sociedad kuwaití en nuestro país: Jorge Lasso Núñez de la Vega, José María Sot Casas, consejero; y Miguel Soler, director de adinistración.

Asimismo, la medida afecta también a la mujer de De la Rosa, Mercedes Misol, y al financiero Enrique Sarasola, declarados responsables civiles subsidiarios en la mencionada operación "Wardbase".

La juez considera que las diligencias practicadas para averiguar las posesiones de estos imputados a través de la Hacienda Pública, de la Dirección General de Tráfico y del Registro de la Propiedad han resultado "manifiestamente insuficientes".

Para la magistrada, es necesario abrir una nvestigación económica más profunda para investigar con qué sociedades están vinculados los imputados, aunque no aparezcan directamente como titulares. La magistrada quiere averiguar qué cuentas bancarias manejan los acusados "operando mediante transferencias o por vías que aparentemente son un muro impeditivo en la localización".

El objetivo de esta investigación, que la magistrada vaticina como "ardua y paciente labor", es tratar de garantizar que a los perjudicados en el "caso KIO" se les restableza "el perjucio irrogado".

Fuentes jurídicas señalaron a Servimedia que si bien esta medida se ha tomado en relación a la "operación Wardbase", lo cierto es que esta investigación patrimonial se extenderá a todo el "caso KIO", con el fin de "recuperar la mayor parte del dinero supuestamente sustraído".

OPERACION WARDBASE

La juez Palacios concluyó la investigación de la denominada "operación Wardbase" en noviembre de 1999 y dictó auto de apertura de juicio oral contra estas siete personas el pasao mes de enero.

Esta operación consistió en el supuesto pago, ordenado por De la Rosa y presuntamente realizado a través de la sociedad Wardbase, de 1.900 millones de pesetas al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, tras la compra de una empresa belga por parte del Grupo Torras.

En 1988, el Grupo Torras compró, mediante ampliación de capital, la sociedad belga Celulosa de las Ardenas, con el compromiso de construir una fábrica de papel que entró a funcionar en 1992.

Sin embargo, un añ después de esta operación, hubo un desvío de 20 millones de dólares (unos 1.900 millones de pesetas) procedentes del Grupo Torras, perteneciente a KIO, hacia el empresario Prado y Colón de Carvajal.

En el "caso Torras-KIO", la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional investiga la desaparición de casi 70.000 millones de pesetas de Grupo Torras.