De los siete imputados en esta operación del "caso KIO", dos, el financiero Javier de la Rosa y el ex asesor jurídico del Grupo Torras en España Juan José Folchi se encontraban en libertad bajo fianza de 400 millones y de 150 millones, respectivamente, situación que ha sido confirmada ahora por la juez instructora, Teresa Palacios.

El resto de los acusados, Karin Linda Parker, secretaria de Juan José Folchi, el diplomático Manuel Prao, Jorge Núñez Lasso de la Vega, ex responsable del Grupo Torras en España, y los siguientes ex cargos directivos de la sociedad kuwaití en nuestro país: José María Sot Casas, consejero; y Miguel Soler, director de administración, continuarán en libertad sin fianza. No obstante, los siete deberán comparecer ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes.

Según las mismas fuentes, la juez considera que no han variado las circunstancias que la llevaron a decretar la libertad de estas personas y, en el casode De la Rosa y Folchi, bajo fianza. Además, sostiene que no hay riesgo de que los imputados se sustraigan a la acción de la justicia.

Por su presunta implicación en la "Operación Wardbase", la juez Palacios imputa a De la Rosa, Núñez Lasso y Folchi los cargos de falsedad continuada y apropiación indebida, delito este último del que también están acusados Manuel Prado, Miguel Soler y José María Sot.

En cuanto a Karin Linda Parker, secretaria de Juan José Folchi, la juez Palacios le imputa un presnto delito de cooperación necesaria en apropiación indebida.

La juez Palacios concluyó la investigación de la denominada "operación Wardbase" en noviembre de 1999 y dictó auto de apertura de juicio oral contra estas siete personas el pasado mes de enero.

OPERACION WARDBASE

Esta operación consistió en el supuesto pago, ordenado por De la Rosa y presuntamente relizado a través de la sociedad Wardbase, de 1.900 millones de pesetas al empresario Manuel Prado y Colón de Carvajal, tras la compra de ua empresa belga por parte del Grupo Torras.

En 1988, el Grupo Torras compró, mediante ampliación de capital, la sociedad belga Celulosa de las Ardenas, con el compromiso de construir una fábrica de papel que entró a funcionar en 1992.

Sin embargo, un año después de esta operación, hubo un desvío de 20 millones de dólares (unos 1.900 millones de pesetas) procedentes del Grupo Torras, perteneciente a KIO, hacia el empresario Prado y Colón de Carvajal.