Para Montserrat Comas, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, esta decisión, tomada en el último pleno del órgano de gobierno de los jueces, "supone un gran avance en la aplicación de las medidas de protección social a las víctimas de la violencia de género".

A su juicio, "la medida es muy positiva porque posibilita que las mujeres agredidas sean atendidas por órganos judiciales especializados, con personal técnico especialista, además del juez y del fiscal, desde el primer minuto, y se acaba con la duplicidad de actuaciones que se producen cuando las denuncias se presentan por la tarde y está de guardia un juzgado de instrucción".