De acuerdo con la información facilitada por el consistorio, el auto del juzgado hace referencia a los beneficios sociales que se obtendrán gracias a las obras de la M-30 y menciona el estudio elaborado por el Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid y recogido en el Estudio de Evaluación-Socioeconómica y Ambiental del programa de mejoras de la M-30.

Entre los beneficios, cuantificados en un ahorro de 5.410 millones de euros, enumera la reducción de la accidentalidad, el ahorro de tiempo y combustible, la disminución de las emisiones contaminantes, y la disminución del efecto barrera y del ruido.

El expediente del juzgado considera, según el ayuntamiento, que el Grupo Municipal Socialista "no realiza más que alegaciones genéricas y abstractas", y añade que en su solicitud de medidas cautelares no concreta "en qué medida la ejecución de la resolución causa daños y perjuicios concretos".

La concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras, Pilar Martínez, acusó al PSOE de "utilización partidista de las instituciones". "Primero las utilizaron con la finalidad de retrasar el inicio de la reforma de la M-30, y una vez que los trabajos comenzaron intentan dilatar lo más posible los plazos de los mismos", agregó.

Para la responsable de Urbanismo, tanto el PSOE como la Federación Socialista Madrileña (FSM) "han optado por una estrategia de oposición que pretende obtener beneficio electoral" del proyecto de la M-30.

"Están convencidos de que cuanto más se prolonguen las obras y, con ellas, los inconvenientes que inevitablemente acarrean, mejor les irá", denunció, para añadir que "esto les lleva a situaciones absurdas". Martínez concluyó que el auto del juzgado deja claro los perjuicios y costes que se habrían derivado de la paralización de las obras.