La sentencia es consecuencia de una demanda interpuesta por la Caja de Ahorros de Asturias, a la que Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP9 debe 2.000 millones de pesetas.

En el fallo, la juez Miryan Iglesias, afirma que los gestores de la MSP practicaro "con carácter sistemático" un proceso de levantamiento de bienes "desde que en 1984 tuvieron conocimiento formal de la situación de quiebra técnica en que ésta se encontraba".

Además, la magistrada ha constatado que en los balances que la sociedad había presentado durante los últimos diez años de su existencia figura un inmovilizado de 20.000 millones, "siendo de sólo 6.500 su verdadera cuantificación".

De acuerdo con el artículo 1.386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia se remitirá l juzgado de instrucción correspondiente acompañada del informe del Comisario de la quiebra y la exposición del fiscal para proceder criminalmente contra la quebrada.

Mes y medio antes de la declaración de quiebra por parte del Juzgado de lo Civil número 10 de Madrid, el 20 de mayo de 1993, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el Plan de Viabilidad de la empresa, que incluía la concesión de unos 13.000 millones en ayudas públicas (9.500 el Estado y 4.000 la Junta de Castill y León) y una ampliación de capital a cargo de los accionistas por importe de 2.000 millones de pesetas.

Asimismo, Hacienda y la Seguridad Social debían condonar la deuda de unos 15.000 millones que la MSP tenía con ambos organismos a fin de facilitar el reflotamiento de la empresa, que había sido amenazada por dos veces de quiebra en menos de dos semanas.

La primera petición la protagonizó la empresa A.C. Iberia, en reclamo de 600 millones, mientras que la segunda fue presentada el 13 de mayo d 1993 por la Caja de Asturias, que reclamaba 2.000 millones.