Esas medidas cautelares pasan por que la compañía francesa deje claro cuáles son sus intenciones sobre Iberdrola y si tiene interés en lanzar una opa sobre ella, junto con la constructora ACS.

En el auto, el juez rechaza que sean los tribunales franceses los que deban juzgar el caso (como alega EDF), ya que las informaciones de EDF sobre esta operación se publican en los medios españoles y el "daño" de las mismas se produce principalmente en España.

ANTECEDENTES

El pasado 25 de marzo, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao dictó un auto por el que aprobaba las medidas cautelares solicitadas por Iberdrola. Se trata de una "exigencia de información", por la que EDF tendrá que dejar claro cuáles son sus planes sobre Iberdrola y si piensa lanzar una opa sobre la eléctrica española.

Días después, EDF recurrió esta decisión basándose en que un tribunal español no tiene competencias sobre una compañía francesa.

El juez de Bilbao entiende que España es tanto el lugar donde se ha producido el hecho causal de los daños (donde se promociona la "estrategia" indirecta o se toleran simplemente determinadas noticias a lo largo de "un lapso inmoderado de tiempo"), como el lugar en donde se verifican los daños (con independencia de que éstos se extiendan a otras jurisdicciones).

De ahí que un juzgado español tenga competencias y no se vaya a remitir el caso a la justicia francesa.

De mantener cada parte su posición, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas será quien, previsiblemente, tendrá que decidir si un juzgado español tiene competencia para obligar a la francesa EDF a informar sobre sus intenciones en la eléctrica Iberdrola, según informó a Servimedia una fuente del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco.