Esta entidad bancaria interpuso la querella por el impago de certificaciones endosadas de la empresa mixta de limpiezas, Limasa, por valor de 544 millones de pesetas, al entender que el abono de certificaciones avaladas con posterioridad a oros bancos había sido constitutiva de delito.

El Banco Zaragozano había intentado en varias ocasiones cobrar esta deuda, que se remonta a 1991, por la vía amistosa, y ante la negativa municipal decidió interponer la querella, lo que vino a agravar la delicada situación financiera del consistorio, que días antes se vio en la obligación de desatender los pagos de otros créditos, habida cuenta las dificultades de tesorería.

En el auto judicial se reconoce que, tras examinar los presupuestos municipaes de los tres últimos ejercicios, "no se vislumbra, ni siquiera indiciariamente, responsabilidad criminal en la aplicación del presupuesto municipal destinado a la prestación de los servicios públicos de limpieza".

En los informes estudiados por el Juzgado se reconoce que en los presupuestos municipales y de la empresa de limpieza no se contemplan partidas destinadas al pago de las certificaciones del Banco Zaragozano, sino consignaciones globales para el cumplimiento del servicio público.

A pesr de que el Ayuntamiento haya abonado certificaciones posteriores a otras entidades financieras, el titular del Juzgado de Instrucción número 7, José Luis López Fuentes, estima que "no implica la existencia de malversación".