El aplazamiento se debe a la imposibilidad por parte de la Guardia Civil de disponer de personal cualificado que lleve a cabo el desmantelamiento, "dadas las fechas en las que nos encontramos", según informó un teniente coronel de la Dirección General de la Guardia Civil al juzgado.

Por ello, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha requerido al director genera de la Guardia Civil, Ferran Cardenal, para que proporcione a ese juzgado "el personal experto necesario" para llevar a cabo esa diligencia, prevista para las 10 horas del próximo día 13.

El desmantelamiento de los sistemas de grabación fue acordado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, por considerar que vulneraban derechos constitucionales. Esta decisión fue recurrida por el fiscal ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya sección quinta lo rechazó.

El recurso del fical fue impugnado por el Colegio de Abogados de Madrid, por considerar que la Administración no puede en ningún caso interferir las comunicaciones entre los letrados y sus clientes, ya que vulnera el derecho de defensa.

El decano de los abogados madrileños, Luis Martí Mingarro, anunció entonces que el colegio estudiaba la posibilidad de hacer aplicar esa resolución a otras cárceles madrileñas y del país, porque "no tiene sentido que haya una Constitución ni un tratado de derechos fundamentales si hay lguien que puede escuchar lo que dice un cliente a su abogado".