Campos pone como ejemplo de esos "abusos" la negativa a renovar el contrato de un profesor que solicitó permiso para cuidar de su hijo o la petición del Obispado de Málaga para que los docentes contribuyan con un 2% de su sueldo a la financiación de la Iglesia.

"Nuestro país es aconfesional, y como tal, el Estado tiene suscritos acuerdos con las diferentes confesiones, lo que no es pretexto para que la Iglesia católica tenga hoy en día privilegios", afirma Campos.

Entre esos "privilegios", cita la financiación estatal, la exención de impuestos o la obligatoriedad de garantizar el derecho a recibir enseñanza religiosa en los centros docentes públicos.

Propone por ello la creación de una comisión en el Congreso de los Diputados para iniciar un debate abierto sobre la revisión de estos acuerdos y "poner a la Iglesia en el sitio que le corresponde, ni encima ni debajo de nadie, donde tiene que estar en un país aconfesional, sujeto al Estado de Derecho y al imperio de la ley, sin privilegios de ninguna clase".