El Ministerio de Justicia informó hoy, a través de un comunicado, de que el juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Bilbao ha admitido el recurso de impugnación que formuló el abogado del Estado a instancias del departamento que dirige Juan Fernando López Aguilar.

Esta iniciativa de los servicios jurídicos del Estado iba dirigida contra el acuerdo que el Gobierno vasco adoptó el 28 de octubre del pasado año, en el que se aprobó el "Protocolo de la Universidad del País Vasco para la atención a las personas internas en centros penitenciarios".

Este protocolo sirvió de base a la UPV para matricular este año a 57 presos etarras que están recluidos en cárceles francesas, entre los que se encuentran el considerado último jefe de ETA detenido, Mikel Albizu, alias "Mikel Antza", y su compañera sentimental, Soledad Iparraguirre, alias "Anboto".

Tras la polémica generada el pasado mes de marzo al conocerse estas matriculaciones, los responsables de la universidad vasca argumentaron que lo aprobado por el Ejecutivo vasco les permitía aceptar a estos alumnos, aun cuando la normativa en vigor en España establece que los presos sólo pueden cursar estudios en la UNED.

Esto es así tras la reforma aprobada la pasada legislatura en el Congreso por PP, aunque los actuales responsables de Instituciones Penitenciarias están negociando con la Conferencia de Rectores (CRUE) un acuerdo que permitiría a las universidades autonómicas impartir estudios a los reclusos.