A través de un comunicado, estas centrales sindicales explicaron que el decreto que fija las retribuciones del personal de Justicia para este año significa la "ruptura unilateral" de los acuerdos alcanzados en 2002 y 2003.

Según estos sindicatos, el decreto contempla para el presente año la distribución proporcional de los incrementos pactados en 2002, lo que supone incumplir "la distribución lineal acordada".

Asimismo, UGT y CCOO considera que el txto legal aprobado por Justicia "no asegura los incrementos retributivos individuales derivados de los acuerdos de la Mesa general de la Función Pública de noviembre de 2002 para el conjunto de los empleados de las Administraciones Públicas".

El comunicado añade que los sindicatos firmantes "discrepan totalmente de la Administración por el número de trabajadores y la masa salarial sobre la que se aplica el porcentaje de incremento retributivo".