Justicia informó, a través de un comunicado, de que este departamento y el Colegio de Abogados de Madrid firmarán un convenio para la prestación y mejora de la asistencia jurídica en el sumario instruido por los atentados de la capital de España.

La firma de este convenio incluye un factor de corrección por el cual se triplica la remuneración, legalmente establecida, para los abogados del turno de oficio que actúen en este juicio. El acuerdo prevé un límite de 20.000 euros como importe máximo para cada uno de estos supuestos.

Este convenio es el resultado del acuerdo entre Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid, como consecuencia de las reuniones mantenidas entre el secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, con representantes del ICAM, el Consejo General de la Abogacía Española y los letrados afectados.

DINERO Y TRADUCTORES

El departamento que dirige Juan Fernando López Aguilar, consciente de la especial complejidad del caso, ha dirigido el apoyo ministerial en tres direcciones: la retributiva; la relativa a la dificultad de comunicación de los abogados con sus defendidos (dado que la mayoría no habla español); y la que facilita el acceso de esos mismos letrados a las actuaciones judiciales, dado el gran volumen de las mismas.

En esa triple línea de mejora, la actuación del Departamento de Justicia se ha concretado en la provisión de medios personales y materiales en aspectos como aumentar las retribuciones de los abogados que actúen en la fase intermedia y en el juicio oral.

Asimismo, se creará una amplia bolsa de intérpretes y traductores de árabe con capacidad de traducción simultánea (intérpretes "de conferencia" y "de traducción consecutiva"), familiarizados con la terminología jurídica. Éstos deberán facilitar el trabajo de los letrados.

Además, se entregará, a cada de uno de los abogados defensores, dos discos con todo el sumario escaneado, con clave personalizada de acceso y la posibilidad de imprimir, por partes, lo que necesiten.

Respecto del acercamiento de los presos a Madrid para facilitar a sus abogados la comunicación con ellos, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a instancia del Ministerio de Justicia, adoptó antes del verano las medidas pertinentes.