Esto será posible gracias al acuerdo que hoy firmó el ministro de Justicia, José María Michavila, con el presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, Antonio Dorado, y con el portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, Emilio López.

Michavila aseguó, durante una comparecencia con los representantes de estos dos colectivos de secretarios judiciales, que el acuerdo suscrito supone una "verdadera revolución" y es un "paso importante" para cambiar la actual estructura de los juzgados españoles, que lleva vigente desde hace 150 años.

El ministro explicó que el objetivo es aprovechar la capacidad y formación de los secretarios judiciales, de manera que pasen a ocuparse de tareas que hasta ahora desempeñaban los jueces, que en adelante tendrán más tiepo para aplicar la ley.

El titular de Justicia indicó que, tras la reforma, los secretarios pasarán a estar encargados de administrar los juzgados, y puso como ejemplo lo que sucede en hospitales o universidades, donde estas funciones las ejercen los gerentes y no los médicos o los rectores.

AMBITO NACIONAL

Esto hará, según Michavila, que los secretarios pasen a encargarse de los aspectos materiales y de funcionamiento de los tribunales, así como de impulsar la notificación de las sentencias, cestión en la que los jueces también pierden mucho tiempo en la actualidad.

Por su parte, Antonio Dorado dijo que el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales entiende que la "redistribución de funciones" en los juzgados es conveniente para frontar el siglo XXI, puesto que el actual sistema data del siglo XIX.

Además, destacó la importancia de que el acuerdo logrado establezca que los secretarios seguirán siendo un cuerpo nacional que dependa de la Administración central, algo que formaciones naconalistas como CiU y el PNV querían variar.

Asimismo, Dorado hizo referencia a que los secretarios judiciales tendrán también en breve la competencia de informar a los ciudadanos de sus derechos ante los tribunales, con lo que estos profesionales se convertirán en la "cara de la Justicia".

A su vez, Emilio López, en nombre de la Unión Progresista de Fiscales, calificó el pacto alcanzado con el ministerio como un "buen acuerdo", que ha sido suscrito en el marco del Pacto de Estado por la Justicia. López aludió a que los miembros de su colectivo en España son los más preparados de Europa, por lo que sus conocimientos deben ser utilizados para mejorar el funcionamiento de los tribunales.