Este reparto se decidió en el marco de Conferencia Sectorial de Justicia que se celebró esta jornada en Avilés bajo la presidencia de la ministra Pilar Llop.

Según informó Justicia, en este encuentro se asignaron 302.899.390 euros a las autonomías, de los que 201.101.807 están destinados al ejercicio de 2022 y los 101.797.583 euros restantes a 2023.

En su intervención, Llop señaló que “la asignación de fondos para el plan Justicia 2030, que tantos esfuerzos nos ha llevado, es también un acuerdo fundamental para cumplir con el objetivo del Gobierno y acelerar la recuperación”.

“CONSENSO Y COGOBERNANZA”

El Ministerio apuntó, en su comunicado sobre el encuentro de este viernes, que "el dinero europeo irá destinado al desarrollo de reformas estructurales en un esquema de cogobernanza durante los próximos años mediante la inversión en proyectos para transformar el servicio público de Justicia". En total, las autonomías han presentado 71 iniciativas.

“Esto es fruto del consenso y la cogobernanza, que aquí ya no son palabras, sino una forma de hacer”, apuntó Llop, quien resaltó que el plan Justicia 2030 es un proyecto que “se ha abierto a la igualdad, a la transición ecológica, a la revolución digital y que no quiere dejar a nadie atrás”.

En concreto, la asignación de fondos irá destinada, entre otros proyectos, a implantar coordinadamente infraestructuras digitales en todo el territorio del Estado y construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables.

También se reforzará el Registro Civil con el fin de asegurar la cohesión territorial. La ministra destacó que estas iniciativas “tienen el consenso de todas las comunidades autónomas” y forman parte de un “proyecto país”.

La asignación de fondos también permitirá ofrecer la Carpeta Justicia como punto de acceso tanto a profesionales como a la ciudadanía; desarrollar telemáticamente el mayor número de actuaciones; transcribir las declaraciones y manifestaciones de actuaciones documentadas mediante la grabación audiovisual; así como favorecer el desarrollo de Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC).