Nabal hizo esta promesa a una representación de estos trabajadores que, acompañados de responsables del Sindicato de Juticia (CSIF), le hicieron llegar la resolución adoptada en asamblea el pasado miércoles 16 de enero, según fuentes sindicales.

En aquella reunión, los funcionarios de la Audiencia Nacional acordaron parar su actividad si el Ministerio de Justicia no les concede la misma gratificación de que disfrutan los magistrados y fiscales de ese tribunal.

Justicia concedió la semana pasada al presidente y al fiscal jefe de la audiencia, así como a los magistrados y fiscales de los juzgados centrales de instrcción y de la Sala de lo Penal, una gratificación durante 1990 de 600.000 pesetas, en concepto de "peligrosidad del puesto de trabajo".

Los secretarios y funcionarios del orden penal de la audiencia consideran esta medida "un menoscabo del principio de igualdad, al tener en cuenta el riesgo de unos funcionarios y no el de otros que están destinados en los mismos centros de trabajo".

Según resolvió la asamblea, los afectados por la situación, entre ellos el personal laboral y forense de los juzgads, están dispuestos a reivindicar "la petición, que consideran justa y fundada, con las medidas que la legislación vigente en materia de huelga permiten".

Nabal Recio ha optado por remitir la solicitud al CGPJ, al ser el máximo órgano rector de la judicatura española quien propuso que se concediese a los magistrados y fiscales de la audiencia esta gratificación.