JUSTICIA RECONOCE LA FALTA DE 11 FUNCIONARIOS EN LA PRISION GRANADINA DE LA QUE SE FUGO EL NUMERO 2 DEL GRAPO

GRANADA
SERVIMEDIA

El Ministerio de Justicia reconoció la falta de 11 funcionarios, de los 74 previstos, en el servicio de vigilania de la prisión provincial de Granada, de donde se fugó en febrero el número 2 del Grapo, Fernando Silva.

El control de seguridad por televisión del centro continúa sin funcionar dos años después de decidirse su instalación, dijo a Servimedia el diputado popular Andrés Ollero.

Ollero dijo, antes de recibir la contestación ministerial, que en las continuas fugas de reclusos influye "el escaso número de funcionarios existentes, que obliga habitualmente a que un sólo funcionario deba asumir la custdia de un crecido número de internos en algunos departamentos".

El diputado granadino, que hizo las anteriores valoraciones a Servimedia tras conocer la respuesta del Gobierno, manifestó la necesidad de incrementar la plantilla de vigilantes en la prisión en unos 48 funcionarios más de los que el Ministerio considera indispensables, y 59 más de las plazas que se reconocen cubiertas.

Además de las fugas de los presos, Ollero denunció "la fuga de funcionarios del servicio de vigilancia al de oficins, por ser más atractivo laboralmente". El diputado dijo haber comprobado personalmente 12 casos como el descrito.

Según su información, el Gobierno reconoce la existencia en la prisión provincial de 14 especialistas en situación de "a amortizar", cuyo número quedará reducido una vez se resuelva el concurso general.

Esta situación llevó a Ollero a manifestar que "el Gobierno reconoce la falta de funcionarios y que existen 14 de los mejor preparados alejados de sus funciones por motivos impresentales o no presentados".

CIRCUITO DE TV

El diputado granadino denunció a Servimedia que el armazón metálico destinado a impedir que se arrojen objetos al patio de la prisión se instaló de tal modo que "hace inviable el funcionamiento práctico de las cámaras y sensores, lo que parece indicar que no ha habido coordinación alguna entre ambos proyectos".

La instalación de este sistema se decidió en 1990 y costó 19 millones de pesetas. El gobierno, dijo Ollero, "no aportó ninguna excusa por su inactivdad e inoperancia".

(SERVIMEDIA)
30 Jun 1992
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