Esta proposición no de ley, presentada por el portavoz en la Comisión Constitucional, Diego López Garrido, contempla un catálogo de derechos, que en síntesis son:

- Que los ciudadanos puedan conocer anticipadamente, por escrito, los costes aproximados de la intervención de abogados y procuradores, así como la duración previsible del procedimiento. - Facilitar al ciudadano copia de los escritos y resoluciones que se presenten o dicten en los procedimientos por él instados.

- Que la relación con los órganos jurisdiccionales esté presidida por la puntualidad, corrección en el trato, la cortesía, el trato igualitario y el respeto, con utilización de las lenguas cooficiales.

- Derecho a ser recibido, previa cita, por el juez, el secretario o el fiscal dentro de un plazo razonable desde su petición. En todos los órganos judiciales y fiscalía debe existir un horario de atención al público.

- Derecho a un juicio sin dilaciones. El CGPJ deberá elaborar un programa de previsiones de la duración de los distintos procedimientos judiciales.

- El ciudadano tiene derecho a que se concentren las actuaciones que le obliguen su presencia personal en los óganos judiciales y a que se habiliten las horas y días precisos.

- El ciudadano debe percibir, en un plazo no superior a las 72 horas, las cantidades que se encuentren depositdas en las cuntas de los órganos judiciales que legítimamente le correspondan.

- Que las quejas y sugerencias de los ciudadanos sobre el servicio público de la Administración de Justicia accedan a los órganos de control y seguimiento correspondientes, así como derecho a recibir respuesta motivada sobre las mismas, y de las medidas adoptadas.

El portavoz socialista afirmó estos derechos de los ciudadanos deben de formar parte de la negociacion y de los acuerdos sobre la reforma de la Justicia, porque sin estosderechos en el funcionamiento cotidiano de la justicia, "la reforma no servirá de nada".

López Garrido opinó que, por el contrario, con la reforma de la Justicia, al Gobierno lo que realmente le interesa es "cambiar la composición del Consejo General del Poder Judicial de forma que le sea más favorable y tener, por tanto, una mayor influencia desde el poder en la Administración de Justicia".