Dicho decálogo comprometería el comportamiento de jueces, magistrados, secretarios, fiscales y funcionarios de la Administración de Justicia, cuando los ciudadanos acudan a juzgados y tribunales, pero también a abogados, procuradores, graduados sociales y demáscolaboradores.

Establece el derecho del ciudadano a conocer anticipadamente por escrito los costes aproximados de la intervención de los abogados, procuradores y demás profesionales elegidos para llevar sus asuntos y la duración previsible del procedimiento.

Los colegios profesionales deberán colaborar en la mejora del servicio de la justicia, garantizando la idoneidad de los profesionales y elaborando listas de colegiados por especialidades. Asimismo, establecerá cauces para los procedimientos cntra sus miembros por negligencia o alteración importante del coste inicialmente presupuestado.

Además, el ciudadano que tenga medios para su defensa podrá acceder a un turno de oficio que será designado teniendo en cuenta la especialización de los profesionales.

El ciudadano tendrá derecho a que su abogado o procurador le facilite copia de los escritos y resoluciones que se presenten o dicten en los procedimientos por él instados.

Los socialistas solicitan igualmente que la relación con losórganos jurisdiccionales "esté presidida por la puntualidad, la corrección en el trato, la cortesía, el trato igualitario y el respeto con la utilización de las lenguas cooficiales". En línea con esta argumentación, insisten en que las comunicaciones y citaciones se hagan en lenguaje sencillo y no se produzcan retrasos en los llamamientos a testigos.

Dentro de las posibilidades del servicio de justicia, el PSOE pide que se establezca el derecho a que el ciudadano sea recibido, previa cita, por el juez el secretario o el fiscal, dentro de "un plazo razonable". En caso de denegación, ésta deberá ser razonada.

El ciudadano tendría derecho a conocer toda la información del proceso que le afecte, excepto en el momento en que sea decretado el secreto sumarial. También tiene derecho a tener un juicio sin dilaciones, salvo en casos excepcionales.

Asimismo, los socialistas quieren que el ciudadano reciba en un plazo no superior a 72 horas las cantidades que se encuentren depositadas en las cuentas de os órganos judiciales que legítimamente le correspondan.

Finalmente, se establecería el derecho a estar informado sobre las quejas y sugerencias sobre el servicio público de la Administración de Justicia a los órganos de control y seguimiento correspondientes. Se implantará el sistema de libro de reclamaciones que todos los órganos deberán tener a disposición del público.