Según una noticia difundida por un periódico de Madrid, Gayo de Arenzana se había opuesto de forma reiterada a los recursos de reforma y de queja presentados por los abogados defensores de los parlamentarios socialistas implicados en este caso, qe pretendían anular las investigaciones realizadas hasta entonces por el juez instructor, Marino Barbero.

La información añadía que, por ello, el abogado del Estado había recibido unas órdenes del servicio jurídico del Estado para que se abstuviera de intervenir en el trámite de alegaciones de los recuross de queja interpuestos por el fiscal contra los autos de fecha del 17 y del 23 de noviembre pasados, relativos al registro del Banco de España y a los libros que deben llevar los partidos políticos. Sin embargo, De la Quadra, que compareció a petición de Izquierda Unida, negó hoy esas informaciones y acusó a la coalición de "utilizar las noticias de prensa para hacer preguntas en el Parlamento".

Explicó que la instrucción dada entonces por la Dirección General de Servicios Jurídicos partió del escrito presentado por el abogado del Estado a ese organismo, en el que consultaba qué debía hacer ante los recursos de queja interpuestos por el fiscal del caso.

Agregó que la dirección general cosideró entonces no pertinente que el abogado del Estado se involucrase en un tema que no afecta a los intereses que debe defender, los de el Estado, y, por consiguiente, no elevar el escrito "y no tomar niguna posición en un tema indiferente al problema de fondo", el supuesto delito fiscal.

Indicó que esa actuación de los servicios jurídicos "no sólo ha cumplido con la legalidad, sino que ha actuado también con arreglo a derecho".

Por su parte, el diputado de IU Pablo Castellano precisó que no "lvantamos la voz porque se hayan dado instrucciones", sino que porque demandan información sobre qué tipo de órdenes se han dado.

Dijo que esas instrucciones "para que el abogado fuera más que parte, un testigo" fueron impartidas después de que se tuviera conocimiento de algunas quejas de los comparecientes ante el juez Barbero sobre la dureza en que realizaba los interrogatorios el abogado del Estado.

Agregó que, a ello se une las declaraciones del propio abogado del Estado a los medios de comuniación en las que señaló haber recibido instrucciones de inhibirse o "de permanecer como los tres monitos en este asunto", indicó.

El diputado socialista Alvaro Cuesta replicó duramente a la intervención de Castellano, a quien acusó de elevar como práctica política "determinadas informaciones periodísticas no suficientemente contrastadas" y culpó a los medios de comunicación de no publicar las rectificaciones dadas por el Ministerio de Justicia en este asunto.

Asimismo, coincidió con De la Quadra n asegurar que el comportamiento de los servicios jurídicos es "coherente" con lo que son las funciones de la abogacía del Estado.

Finalmente, el titular de Justicia también imputó a Castellano que "sacralice lo que recoge la prensa como una verdad incontestable" y negó que el abogado del Estado efectuase tales declaraciones ni que recibiese presiones de la dirección general.