Michavila, tras participar en Madrid en la apertura del Congreso Iberoamericano de Ministerios Públicos, señaló que no ha leído las conclusiones del CGPJ, por lo que se pronunciará sobre las sugerencias de esta institución cuando haya analizado el documento.

El titular de Justicia hacía referenci así al hecho de que el Consejo aprobase ayer, por 11 votos a 9, sugerir al Ejecutivo que modifique la legislación sobre el Jurado, de modo que cuando un tribunal popular no logre un veredicto, el caso sea examinado por jueces de carrera.

Esta sugerencia del máximo órgano de los jueces fue respaldada por los vocales que resultaron designados a propuesta del PP, mientras que votaron en contra los propuestos por PSOE, IU, CiU, así como los consensuados por populares y socialistas.

No obstante, Michvila destacó esta mañana que el anteproyecto elaborado por su Departamento, y que será llevado el viernes al Consejo de Ministros, contiene otros muchos aspectos importantes que servirán para poner un "nuevo motor" a la Justicia.

Destacó que reformas como la apertura de los juzgados por la tarde, el ascenso de los funcionarios en función de sus méritos o el nuevo papel de los secretarios judiciales servirán para hacer que la Administración judicial sea "mucho más ágil y eficaz".

Además, el ministo destacó el hecho de que el anteproyecto llega al Consejo de Ministros tras un amplio proceso de diálogo, que ha hecho que cuente con el respaldo de los sindicatos del área de Justicia, de las asociaciones judiciales APM y JpD, así como de todas las comunidades autónomas menos el País Vasco.

Por otra parte, Michavila mostró su discrepancia con el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, respecto a la queja que éste ha formulado por el hecho de que la reforma del Estatuto del Ministerio Fscal, que se encuentra ahora en el Senado, contemple que el Ministerio Público tendrá un plazo máximo de seis meses para investigar un caso desde la apertura de diligencias.

A este respecto, el titular de Justicia dijo que le parece "muy razonable" que se agilicen los tribunales, y que "los ciudadanos no tengan indefinidamente una situación de imputación, de acusación abierta con el riesgo que eso supone, y el que las víctimas sepan a ciencia cierta que esos procesos van a durar menos tiempo".