E portavoz de JpD, Miguel Carmona, declaró a Servimedia que la iniciativa que el PSOE llevará en su programa electoral para las elecciones generales de marzo es positiva, porque aporta un criterio temporal concreto para la concesión de indemnizaciones y elimina así el riesgo de subjetividad.

Explicó que la Constitución ya reconoce el derecho de los ciudadanos a ser compensados por "dilaciones indebidas" en la justicia, con lo que los retrasos judiciales ya conllevan indemnización si son injustificados. "El hecho de que se regule un plazo determinado supone establecer una cierta certeza sobre cuándo se tiene derecho" a compensación económica, agregó, y fijarlo en dos años es "bastante razonable, porque tardar más muy raramente está justificado".

Este plazo otorgará, por tanto, más seguridad, aunque ya existe una jurisprudencia "bastante consolidada" del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los criterios para determinar si la dilación es o no indebida.

También se tiene en cuenta en ests casos la complejidad del asunto y la conducta del propio afectado, que en ocasiones es el más interesado en retardar la sentencia, para lo cual interpone sucesivos recursos que son reglamentarios pero sólo tienen el objetivo de alargar el proceso.

Esta última cuestión, concluyó Carmona, también se debe tener en cuenta si se regula el plazo de dos años, ya que no ha de tener derecho a indemnización quien ha sido responsable de los retrasos.