El Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997 y para su funcionamiento el Centro de Estudios de laAdministración de Justicia abonará con cargo a los presupuestos de las retribuciones de los directores-coordinadores y profesores/ponentes, al tiempo que asumirá la selección de los fiscales y secretarios que asistan a las actividades formativas, de entre aquellos que así lo hubiesen solicitado.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña asume los costes derivados de la infraestructura y la gestión de la formación en el territorio catalán.