En declaraciones a Servimedia, el portavoz de la asociación de magistrados, Manuel Torres Vela, aseguró que la "fiebre legislativa" que ha padecido el Gobierno durante 2003 "no es aconsejable, sobre todo cuando se produce fuera de un pacto", ya que, según dijo, si el consenso "es deseable en otras facetas, en justicia lo es mucho más".

En este sentido, indicó que la ruptura del Pacto de Estado por la Justicia ha sido "absolutamete perniciosa". Asimismo, añadió que el hecho de que se hayan aprobado reformas sin el preceptivo consenso puede provocar que cuando se produzca un cambio de Gobierno, se vuelvan a modificar las leyes aprobadas ahora. "Esto crea gran inseguridad jurídica", apostilló.

"Criticamos la cantidad de reformas legislativas que en materia judicial y penal se han llevado a cabo. En muchas ocasiones se ha legislado 'a golpe de problema' para una situación 'had hoc' determinada, y no con la cautela, mesura y prudncia con que debe de hacerse", señaló Torres Vela.

La asociación de jueces Francisco de Vitoria señaló que la reforma del Código Penal aprobada por el Ejecutivo que tipifica como delito la convocatoria ilegal de referéndums "no era aconsejable ni por razones de fondo ni de forma".

DISPARATE

Respecto a esta modificación impulsada por el Gobierno de José María Aznar para combatir el "plan Ibarretxe", Torres Vela apuntó que "era necesario, desde el punto de vista político, un contexto de consenso ue no se ha producido".

"El que se hayan obviado los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado es un disparate desde el punto de vista jurídico", continuó el portavoz, quien criticó que la reforma se haya aprobado "vía enmienda en el Senado, sin ningún tipo de debate en el Congreso, como una reforma de ese calado exigía, por la trascendencia social y política que tiene".

La asociación de magistrados estima que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) ha puesto las basespara la modernización de algunos ámbitos de la justicia en España. En este sentido, Torres Vela apuntó a la instauración de la segunda instancia penal y a la modificación de la oficina judicial como dos de los aspectos más positivos de la reforma.

"La reforma de la oficina judicial era necesaria, porque no se podía dotar a los jueces españoles con una serie de medios que databan del siglo XIX", declaró el portavoz de la asociación, quien añadió que la "asignatura pendiente" de la Administración de Jusicia sigue siendo la falta de medios materiales y humanos.

Finalmente, Torres Vela criticó algunos aspectos de la reforma del LOPJ en lo que se refiere al ámbito disciplinario que afecta a los jueces, porque, dijo, puede "incidir en la independencia judicial" de los magistrados.