El auto judicial, que aún no es firme, obliga a la Administración a reintegrar al sindicato su antigua sede, cosa que materialmente es imposible, por lo que el SPPU pedirá una indemnización económica.

El fallo del Triunal Superior no podrá ser cumplido, ya que el inmueble de Quevedo no pertenecía a la DGP. Esta lo tenía alquilado a un particular que también recurrió a los tribunales para lograr su desalojo.

El local servía de sede, además de al SPPU, al Sindicato Nacional de Policía (SNP), al Sindicato Unificado de Policía (SUP) y a la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), que fueron obligados a abandonar el edificio a principios de año.

CRITICAS

Sólo el SPPU siguió ocupando sus dependencias hasa que el pasado 12 de junio una empresa de mudanzas, contratada por la dirección, sacó sus pertenencias y las llevó al Colegio de Huérfanos.

Los sindicatos inauguraron oficialmente su nueva sede el pasado mes de febrero, dos meses antes de que se celebrasen las segundas elecciones al Consejo de la Policía, lo que desató sus críticas contra la DGP por considerar que era una maniobra intencionada para entorpecer su normal funcionamiento.

El Ministerio del Interior está obligado a dar a los sindicats policiales inmuebles adecuados para realizar su labor, según establece la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986.

Un portavoz del SPPU señaló a Servimedia que las oficinas que tienen actualmente ya han sufrido dos inundaciones, el pasado 16 de agosto y ayer, no tienen teléfonos y carecen de las mínimas condiciones de habitabilidad.