Según informó hoy este tribunal con sede en Luxemburgo, "el Reino de España no proporciona elementos concretos suficientes para sustentar su tesis", por lo que "procede desestimar" su alegación.

El recurso español, presentado el pasado mes de marzo, pedía que se suspendiera la aplicación de esa decisión de Bruselas.

La Comisión Europea determinó el pasado 5 de diciembre que algunas de las condiciones impuestas por el Gobierno español a Acciona y Enel en su opa sobre Endesa eran ilegales y pidió su retirada.

Algunas de estas medidas son que se mantenga a Endesa como compañía independiente y que sus centros de decisión permanezcan en España; que se le obligue a adquirir carbón nacional; y que se conserven dentro del grupo Endesa los activos no peninsulares.

Tras la negativa de España a retirar dichas medidas, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción, a principios de año.

El Reglamento europeo de concentraciones marca que la Comisión tiene competencia exclusiva sobre fusiones interestatales y los Estados miembros sólo pueden prohibirlas o condicionarlas para proteger intereses distintos a la competencia, tales como la seguridad de suministro.

Precisamente este fue el argumento que esgrimió el Gobierno español, según el cual estas condiciones eran indispensables para garantizar la seguridad energética nacional.