Estas querellas han sido presentadas por la asociación Dignidad y Justicia, que dirige Daniel Portero, hijo del fiscal Luis Portero, asesinado en Granada por la banda etarra el 9 de octubre de 2000.

Fuentes de Dignidad y Justicia informaron a Servimedia de que este colectivo ha presentado querellas contra los responsables municipales de Hernani, Tolosa y Zizurkil, en Guipúzcoa; Amorebieta, Durango, Arrigorriaba, Etxebarri y Lejona, en Vizcaya, y Etxarri-Aranaz, en Navarra.

Cuentan con alcaldes del PNV las localidades de Tolosa, Zizurkil, Amorebieta, Durango, Arrigorriaga, Etxebarri y Lejona. Por su parte, el alcalde de Hernani es de ANV, mientras en Etxarri-Aranaz el máximo responsable municipal es de Nafarroa Bai.

Dignidad y Justicia entiende que los alcaldes que mantienen calles con el nombre de etarras han podido cometer el delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal, que prevé penas de uno a dos años de prisión para los actos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

El planteamiento de estas querellas de la asociación de Daniel Portero contrasta con la posición que mantienen la Abogacía del Estado y la Fiscalía, que sostienen que la presencia de calles con el nombres de etarras debe perseguirse con la vía contencioso-administrativa.

Según la Abogacía del Estado, deben ser las delegaciones del Gobierno las que recurran a los juzgados de lo contencioso- administrativo si los alcaldes no retiran el nombre de los etarras de las vías públicas.