Desde el departamento del que es titular Félix Bolaños se informó de que la implantación de estos ‘facilitadores’ se hará mediante un convenio que se suscribirá con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y con Plena Inclusión.

Esta iniciativa fue adelantada el pasado 21 de diciembre en el Congreso por el propio Bolaños, quien compareció ante la Comisión de Justicia para dar cuenta de sus planes al frente de este Ministerio, cartera que ha sumado a las de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

En esta comparecencia parlamentaria, el ministro se refirió a que el Gobierno va a seguir impulsando en esta legislatura el “acceso pleno” a los tribunales de los “colectivos más vulnerables o con mayores dificultades”. Se pretende implantar así una “Justicia de los cuidados” que ponga especial atención a menores, personas con discapacidad y mayores.

CAMBIOS YA EN VIGOR

Esta “Justicia de los cuidados” incluirá los ‘facilitadores’ ante los juzgados para las personas con discapacidad. A ello se sumarán medidas como adaptar salas para menores con el fin de evitar una “victimización secundaria” y “servicios de seguimiento y asistencia” para mayores.

Desde el Ministerio se explicó a Servimedia que parte de estas mejores figuran en el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 19 de diciembre, en el que adoptan “medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo”.

Este real decreto, ya en vigor, incluye modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) y Ley de Enjuiciamiento Civil. Las mejoras a cuestiones como la "comprensión" e "interacción" de las personas con discapacidad en el entorno judicial; la adaptación de los actos procesales telemáticos y garantías para ser atendido “en condiciones de igualdad”.

LENGUAJE “SENCILLO Y ACCESIBLE”

En concreto, en el real decreto se amplía el artículo 109 de la Lecrim, de forma que pasa a hacer referencia a que en los procesos en los que participen personas con discapacidad “se realizarán las adaptaciones y los ajustes que sean necesarios”. Estas adaptaciones podrán venir referidas a la "comunicación, la comprensión y la interacción con el entorno".

De esta forma, todas las comunicaciones con las personas con discapacidad, sean orales o escritas, se harán “en un lenguaje claro, sencillo y accesible, de un modo que tenga en cuenta sus características personales y sus necesidades, haciendo uso de medios como la lectura fácil”. Además, si fuera necesario, “la comunicación también se hará a la persona que preste apoyo a la persona con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica”.

Adicionalmente, se facilitará a la persona con discapacidad “la asistencia o apoyos necesarios para que pueda hacerse entender, lo que incluirá la interpretación en las lenguas de signos reconocidas legalmente y los medios de apoyo a la comunicación oral de personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas”.

Otra modificación de la Lecrim alude a que los usuarios de la Justicia con discapacidad podrán participar en las diligencias “desde los lugares donde se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, asesoramiento o protección, o desde cualquier otro lugar, siempre que dispongan de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la intervención”.