Prada, que hizo estas declaraciones durante la celebración de la Conferencia Sectorial de Justicia, dijo que, "una vez más, el Gobierno central le ha dado la espalda a las necesidades de los madrileños en materia de justicia, para lo que es urgente y prioritaria la construcción de más y modernos juzgados que puedan dar una respuesta rápida y eficaz a sus problemas".

"Y es que, con la nueva planta judicial, no se cubre ni la cuarta parte de las necesidades que tiene la Comunidad de Madrid", añadió el vicepresidente, quien precisó que entre las 17 nuevas unidades judiciales concedidas, no se recoge una vez más la única prioridad manifestada por escrito por el Gobierno regional, que correspondía al Juzgado de lo Social de Alcalá de Henares.

Prada explicó que entre la petición de unidades judiciales que realiza el Gobierno regional para 2007, se encuentra la solicitud de ocho nuevos juzgados de lo Contencioso administrativo debido al colapso administrativo que sufren éstos y en los que, por su enorme volumen de trabajo, sólo en 2005 se registraron un total de 24.219 asuntos.

Según el consejero, los seis juzgados que el Ministerio aprobó para 2006 han resultado "del todo insuficientes", como lo prueba el hecho de que el pasado año concluyera con 12.035 asuntos pendientes.

Por otro lado, Prada solicitó también al Gobierno central que acelere los trámites para la puesta en funcionamiento del nuevo Partido Judicial de Boadilla del Monte, que hará el número 22 de la región y cuya creación está pendiente de la modificación de la Ley de Planta, que finalmente no entró en el periodo de sesiones previsto para antes del verano.

Otro de los asuntos reclamados por el vicepresidente segundo en la Conferencia Sectorial fue el del pago de la asistencia letrada en el tema de la extranjería. Indicó que en el año 2005 se recibieron un total de 30.923 solicitudes de asistencia jurídica gratuita a extranjeros, de las cuales se reconoció el derecho a 28.493.

Según Prada, en el presente año las previsiones rondan las 37.108 solicitudes, estimándose el coste en 10.789.511 euros. "Hay que poner de manifiesto que el gran número de ilegales que entra por el Aeropuerto de Barajas hace que la Comunidad de Madrid cargue con el coste de las solicitudes de asistencia gratuita derivadas del procedimiento de expulsión", añadió.