Uno de los objetivos del proyecto del Ministerio de Justicia, que ha pasado el examen del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General de la Abogacía y de la Fiscalía General del Estado, es reducir el riesgo de que presos que no reúnen las condiciones suficientes vuevan a delinquir mientras disfrutan de permisos de salida del recinto carcelario.

El proyecto de ley regula los procedimientos que los jueces de vigilancia penitenciaria van a llevar a efecto para controlar el cumplimiento de las penas con el adecuado respeto a los derechos implicados en dicho cumplimiento.

De manera indirecta, el Ministerio de Justicia favorece mediante este proyecto un mayor cumplimiento de las penas impuestas al recluso, después de que la falta de mayoría suficiente en el Parlaento impidiera al Gobierno desarrollar su anuncio de reformar la legislación para permitir que dicho cumplimiento fuera íntegro, sobre todo, en los casos más graves, como los de terrorismo.