El ministro se reunió primero con el secretario general del PP, Angel Acebes, y después con los socialistas José Blanco y Alfredo Pérez Rubalcaba para analizar la posibilidad de impugnar la candidatura de este partido ante las elecciones vascas del próximo domingo.

"A día de hoy, 12 de abril de 2005, no constatamos pruebas relevantes que sean validables en juicio y que den sustento suficiente a una demanda de ilegalización de esta candidatura", dijo el ministro en rueda de prensa, después de comunicárselo a ambos partidos.

Con frases diferentes pero con el mismo fondo, el ministro reiteró que ante los tribunales es necesario actuar con pruebas validables, no bastan "corazonadas, olfato, ni certezas morales".

El Gobierno ha hecho su trabajo "de forma concienzuda y rigurosa" al analizar todas las candidaturas presentadas para estos comicios, como se hizo en anteriores convocatorias, aseguró.

"Con indicios sólidos y un relato probatorio fehaciente", subrayó, se solicitó la retirada de la candidatura de Aukera Guztiak, una petición estimada por el Tribunal Supremo y ratificada después por el Constitucional al rechazar el recurso de la citada agrupación de electores.

De la misma forma, garantizó el ministro, se está analizando toda la actividad del Partido Comunista de las Tierras Vascas y el Gobierno "está determinado a actuar" cuando existan esas pruebas suficientes para hacer un relato sólido desde el punto de vista legal.

Ese relato no es posible construirlo ahora, reiteró el ministro, porque la información disponible no tiene encaje en la legislación sobre partidos ni en los precedentes que han generado jurisprudencia al respecto.

A diferencia de lo que se pudo probar en el caso de Aukera Guztiak gracias a las conversaciones captadas entre sus dirigentes y los de Batasuna, aseguró, "no existe una transcripción así que pueda poner negro sobre blanco que el Partido Comunista de las Tierras Vascas ha sido creado por voluntad y designio estratégico de Batasuna".

Se inscribió, recordó el ministro, con una ideología "más incidente en la búsqueda de la dictadura del proletariado que en la autodeterminación, la independencia o las claves leninistas que caracterizan el discurso de Batasuna". "Estos son hechos policialmente constatados", añadió.

Coincidencias del PCTV y Batasuna en correos electrónicos o en los servicios prestados por las mismas personas han sido examinadas, aseguró el ministro, pero no han conducido a pruebas sólidas equiparables a las de otros casos.

NO FRANQUEAR LAS REGLAS DE JUEGO

El Estado constitucional de Derecho, dijo López Aguilar, tiene que actuar "respetando sus propias reglas, sin extremarlas ni franquearlas por ningún atajo", y ésa es la convicción del Gobierno.

El ministro desgranó las diversas vías de las que se disponen para frenar esta candidatura, pero recordó que todas ellas requieren sus exigencias, plazos, trámites de alegaciones, "y no creemos que resulte ajustado a la ley afirmar que esto se puede hacer antes de que finalice la campaña electoral y que esa demanda pueda prosperar".

Es posible, reconoció, solicitar medidas cautelares, pero cuando afectan a derechos fundamentales "deben estar muy bien fundadas" para llegar a anular papeletas ya introducidas en urnas o candidatos electos.

El ministro alertó públicamente, y así se lo hizo ver al PP, que esa acción jurídica podría ser, no sólo "carente de fundamento", sino "temeraria".

Acebes trasladó al ministro su intención de pedir por escrito al fiscal general del Estado que actúe contra esta candidatura, "y está en su derecho", precisó López Aguilar.

Sin embargo, aseguró que el dirigente popular no ha sido capaz de exponer ningún nuevo indicio del que no disponga el Gobierno y que refuerce la posesión de pruebas sobre las conexiones del PCTV con el entorno de ETA y Batasuna.

Esto dio pie al ministro para recordar que el PCTV se inscribió como partido político en 2002, siendo Acebes ministro del Interior, y pese a la posterior actuación contra otras candidaturas, no se pudo hacer nada contra esta.

De hecho, dijo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General permite a toda candidatura la presentación de impugnaciones contra otras en la juntas electorales. Por tanto, concluyó, el PP lo habría podido hacer en caso de tener pruebas.

No puede un partido, sin embargo, impulsar la petición de ilegalización, una potestad que la Ley de Partidos dejó en manos del Gobierno, la Fiscalía y el Parlamento, con decisión final en los tribunales.

NO ES NECESARIO CONVOCAR EL PACTO

El ministro garantizó que el Gobierno está cumpliendo y haciendo cumplir la ley como sujeto susceptible de solicitar la ilegalización en virtud de esa ley, y no cree necesario convocar para ello la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista.

Recordó que en anteriores ocasiones, tanto con Batasuna como con Aukera Guztiak, no se convocaron esas reuniones, ni gobernando el PP, ni haciéndolo el PSOE.

El titular de Justicia aprovechó la reunión con el PP para "recordarle", según explicó él mismo, "la lealtad ejemplar" que el PSOE mantuvo desde la oposición ante todas las actuaciones del anterior Gobierno en la lucha contra el terrorismo.

"Cuantas veces fue necesario lo pensamos dos veces antes de abrir la boca" y, sobre todo, si una opinión pública podía incidir en la confianza de los ciudadanos sobre la determinación de las instituciones para luchar contra el terrorismo.

Exigió por ello siquiera "la mitad" de esa lealtad en la lucha contra el terrorismo, en la que el primer año de Gobierno socialista demuestra una acción "implacable".