El documento, que había elaborado la propia mayoría conservadora, tuvo el oto favorable de los 11 vocales designados a propuesta del PP y el rechazo de los 8 miembros del Consejo propuestos por PSOE e IU. Además, votó en blanco el vocal elegido a instancias de CiU, Alfonso López Tena, y se abstuvo el representante designado por los miembros de la carrera judicial, Agustín Azparren.

En el escrito aprobado se afirma que, al ser un "instrumento idóneo", el Pacto de la Justicia "debe ser restituido con la mayor brevedad posible, en lo que constituye un ejercicio de responsabiliad pública con la sociedad española para poder culminar con éxito el proceso de cambio emprendido".

Según el documento, el acuerdo de Estado ha sido el "elemento vertebrador" que ha permitido afrontar los cambios legislativos sustantivos, procesales, organizativos y económicos que están actualmente en marcha.

El texto añade que entre estos cambios están la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, la Orden de protección en materia de violencia doméstica, los juicios rápidos, la reform del Estatuto de la Fiscalía o la reforma en marcha en materia de Oficina Judicial.

Por esta razón, el CGPJ entiende que la institución debe cumplir el Pacto de Estado, aunque el PSOE no vuelva al mismo, por entender que el acuerdo contenía una serie de soluciones que "constituyen el modelo de Justicia que necesita la sociedad avanzada y democrática española del siglo XXI".

Frente a este documento, el pleno del CGPJ también estudió el planteado por los vocales de esta institución nombrados a propesta de PSOE e IU, que reclamaba más medios para la Justicia y acusa a la mayoría conservadora de intentar defender al ministro José María Michavila.