Por su parte fuentes de la dirección general de Servicios Jurídicos del Estado aseguraron a Servimedia que la destitución del funcionario no tiene nada que ver con esas supuestas discrepancias y que la decisión se tomó por "la pérdida de confianza en él" de sus superiores.

La resolución de cese de Puente Prieto como jefe en el Servicio Jurídico ante el Tribunal Supremo, cargo que desempeñaba desde 1986, se produjoel pasado viernes y la resolución, firmada por la secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, fue publicada por el Boletín Oficial del Estado al día siguiente.

Las fuentes judiciales consultadas atribuyeron el cese del jefe de los abogados del Estado ante el Supremo a sus diferencias con sus superiores en los Servicios Jurídicos del Estado sobre cómo actuar en los sumarios sobre el 'caso Filesa' y el 'caso GAL', que hasta esa fecha llevaba personalmente Puente Prieto.

Desacaron que dichas discrepancias provocaron que el abogado del Estado no suscribiese el escrito de acusación que, al igual que las restantes partes del 'caso Filesa', tenía que elevar al instructor, Enrique Bacigalupo, antes del pasado 4 de octubre, el cual finalmente fue firmado por otro abogado del Estado, Pedro Segura Galán.

En este sentido, las fuentes del Tribunal Supremo precisaron que, al parecer, Puente Prieto pretendía redactar incluir en su escrito de acusación al senador socialista Josep Mara Sala, el cual no figura en el informe finalmente remitido al instructor del 'caso Filesa' por el nuevo abogado del Estado asignado para la causa.

Explicaron que Puente Prieto elevó dicho informe, en el que acusaba al senador, a la Dirección General de los Servicios Jurídicos del Estado, la cual lo rechazó. Tras ello, el abogado del Estado volvió a remitir a sus superiores otro dictámen en el que explicaba los motivos que tenía para inculpar a Sala, que tampoco fue aceptado.

En el informe finalmnte presentado ante el instructor del 'caso Filesa', la Abogacía del Estado pidió un total de 71 años y cuatro meses de cárcel para los inculpados, entre ellos Carlos Navarro, Luis Oliveró y Alberto Flores, y consideró que existía una financiación ilegal del PSOE, aunque estimó que la misma no es delictiva. Además, no acusó a Sala porque, a su juicio, no cometió delito fiscal ni falsedad.

Asímismo, Puente Prieto tampoco elaboró el dictamen sobre las presuntas implicaciones de los aforados en el 'caso AL' y las diligencias que debían practicarse, solicitado por la Sala Segunda a las partes a finales del pasado mes de agosto y que fue redactado por el abogado del Estado en la Audiencia Nacional, que fue comisionado para el 'caso GAL' en el Tribunal Supremo.

DESTINO

Tras su cese como jefe de los abogados del Estado ante el Tribunal Supremo, Puente Prieto ha quedado destinado en la Dirección General de los Servicios Jurídicos, que le ha habilitado ante el Alto Tribunal.

El nombramiento del jefede los abogados del Estado es discreccional por parte de Justicia, que hoy precisamente ha abierto la convocatoria para la presentación de candiaturas a esa plaza.

Por su parte, las fuentes de los Servicios Jurídicos consultadas por esta agencia aseguraron que Puente Prieto "es un buen funcionario que desarrolla de una forma competente sus cometidos" tras llevar 27 años destinado en el Tribunal Supremo y 9 como jefe de los abogados del Estado allí mismo.

Señalaron asimismo que se trata de un carg de confianza de libre designación y que sus superiores han "perdido la confianza en él" por razones que las citadas fuentes no quisieron especificar más.

Los interlocutores consultados indicaron asimismo que "cuando hay discrepancias con los superiores hay varias formas de resolver el conflicto: dimitiendo del cargo, pidiendo una excedencia o solicitando un cambio de destino y en caso de desobedecer las directrices de la dirección general se abriría expediente disciplinario al funcionario. Ninguna deesas cosas ha ocurrido".