De la Quadra, que se lamentó por el hecho de que la corporación de Soto del Real se haya situado fuera de la ley, insistió en el en que el Ministerio de Justicia dispone de la licencia oportuna para realizar las obras, que fue conceida por el Consejo de Ministros el pasado 31 de julio.

También el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, criticó la acción del alcalde de Soto del Real, que calificó de poco responsable, y señaló que el Ministerio de Justicia tiene previsto finalizar la construcción del centro penitenciario en los plazos previstos para poder cerrar la cárcel de Carabanchel.

Resaltó que un retraso en la construcción de la prisión en Soto del Real podría provocar que los presos permanezcan "omprimidos" en las cárceles durante años y dijo que la decisión del alcalde de paralizar las obras es una "forma de llamar la atención".

Finalmente, afirmó que el anuncio de la corporación de imponer una multa al Ministerio de Justicia por haber iniciado las obras sin licencia "es un adobo o un perifollo de la falta de responsabilidad".