El tribunal, según informó hoy la Sepi, tacha de "atropello a la lógica económica" la actitud del Gobierno Autonómico de Asturias de recurrir la decisión de privatización y cree que no tiene fundamento jurídico.

El fallo explica que, ni la ley de Enajenación de Particiaciones Públicas en determinadas empresas ni ninguna otra norma amparan el derecho de participar en el proceso de privatización que pretendía el gobierno asturiano y explica que la operación no afecta al ámbito de su autonomía.

La Sepi, a la vista del fallo, lamenta que el Gobierno de Asturias, gobernado por el PSOE, haya tratado de "introducir confusión" en la sociedad asturiana y ha utilizado motivaciones "distintas a la defensa del interés general".