La preocupación por la seguridad de las instalaciones de la Administración de Justicia y por los datos y documentos guardados en ellas, se disparó cuando el pasado verano fueron robados múltiples documentos incuidos en el sumario que se seguía contra el alcalde de Marbella (Málaga) de la sede del tribunal instructor. El Gobierno afirma en su respuesta que el acceso a las instalaciones judiciales que están bajo gestión del Ministerio de Justicia está suficientemente controlado, aumque las medidas de seguridad física "varían" en función de las características del inmueble y de su ubicación.

Existen para ello arcos detectores de metales para el acceso de personas, escáners para correspondencia y paquetería, cámaras de seguridad, video-porteros y personal de vigilancia tanto perteneciente a los Cuerpos de Seguridaddel Estado como a empresas privadas.

Además, el Ministerio de Justicia explica que "en los últimos tiempos se ha reforzado la seguridad y vigilancia de los juzgados y tribunales", y en el año 2000 se recabó información de las distintas gerencias territoriales para ver que volumen de peticiones de mejora existían.

Fruto de esta actuación fue la compra de nuevos detectores de metales, scáners y cámaras de vigilancia. Pero el mayor aumento de las medidas de seguridad se produjo en materia de vigilania personal cuyo coste se ha incrementado en un 40 por ciento en el año 2001.

Si en el ejercicio 2000 el coste de la vigilancia de los tribunales costó cerca de 845 millones de pesetasa, durante el pasado año se destinaron 1.200 millones.

En cuanto a la seguridad de los documentos almacenados en ordenadores el Ministerio tiene diseñado un "Protocolo de Seguridad Informática" que se aplica sistemáticamente y que garantiza la seguridad de los sistemas, tanto en los que se refiere a los servidores cntrales de datos, como a los ordenadores personales que se utilizan en los órganos judiciales.