El archivo de la querella no es una resolución "firme", por lo que el Ejecutivo vasco podrá recurrir la decisión judicial, según informa el colectivo cívico.

Este proceso se inició a raíz de unas declaraciones de Buesa, realizadas en septiembre de 2004, en las que afirmaba "el carácter de financiación encubierta de la organización terrorista ETA, que tenía el programa de subvenciones del Gobierno Vasco a favor de los familiares de los presos terroristas".

Cuando el Ejecutivo de Ibarretxe tomó la decisión de imputar a Buesa, éste entendió que en sus palabras "no había ningún delito", y que además, estas son compartidas por un "elevadísimo número de vascos y de otros españoles".