El PSOE quiere que los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas sean la última instancia procesal en su ámbito territorial y que el Tribunal Supremo se limite a ser un órgano unificadr de doctrina en caso de sentencias contradictorias.

El programa socialista también prevé reforzar la organización de los tribunales superiores de justicia, a través de una sala específica, para dar cabida a la segunda instancia penal en los términos que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

"Yo no veo ninguna diferencia (entre la propuesta del PSOE) y lo que ya existe hoy en día", dijo Suárez, quien recordó que a finales del año pasado se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estblece la doble instancia penal.

Asimismo, explicó que un acto dictado por un gobierno autonómico no puede llegar al Tribunal Supremo, porque el control normal le corresponde al Tribunal Superior de Justicia de dicha comunidad autónoma.

"Salvo que se trate de la aprobación de una ley autonómica. En ese caso, lo que cabe es ir al Tribunal Constitucional", añadió el portavoz de la APM.

Por otra parte, Suárez señaló que el papel que el programa del PSOE reserva al Tribunal Supremo supone una "deradación" de su función unificadora de doctrina.

"Aunque aparentemente se adapta a la norma constitucional, se desprende de la propuesta una degradación de la función unificadora de la doctrina que tiene el Tribunal Supremo", dijo. "Esa degradación no estaba en el Pacto de Estado de la Justicia".