Abad recuerda en la ponecia que presentó a las jornadas sobre "Empresa, medio ambiente y responsabilidad civil" organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra, que se han celebrado esta semana, que conservación y desarrollo "están constitucionalmente protegidos".

"Por ello", explicó, "y conforme a una correcta interpretación de los preceptos constitucionales, es necesario compaginar, en la forma que en cada caso decida el legislador, la protección de ambos bienes constitucionales".

A su juicio, "est tensión" entre medio ambiente y desarrollo económico quedó patente en la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de noviembre a proposito de la inconstitucionalidad de una ley del Parlamento de Cataluña, que establece normas adicionales de protección en espacios de especial interés natural afectados por actividades mineras.

Abad recordó que la sentencia declara inconstitucional el precepto de la ley que prohibe con carácter general determinadas actividades extractivas.

Asimismo, subrayó que l política medioambiental de la CE afectará a la distribución competencial y la gestión que las administraciones públicas españolas deben desarrollar en esta materia.

Según José Javier Abad "el grado de evolución de la legislación reguladora de los bienes y recursos naturales de los que depende la vida humana, ha seguido un proceso estimulado, sin duda, por los impresionantes avances de la ciencia y la técnica".