La Cámara aceptó igualmente una enmienda presentada por CiU, en la que se reclama al Gobierno que recabe del fiscal general del Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) información sobre la exeriencia de la aplicación de la vigente ley del jurado para valorar la oportunidad de impulsar una posible reforma.

El portavoz de Justicia del PP, Andrés Ollero, defendió la conveniencia de efectuar una serie de cambios en la actual ley del jurado, tendentes a revisar su ámbito competencial, a fijar como única competencia la proclamación de los hechos probados y a potenciar los recursos de casación.

Ollero explicó que la intención de su grupo es consolidar una institución de escasa tradición en spaña y "particularmente sensible" a los vaivenes de la opinión pública, y criticó al PSOE por bloquear durante 13 años al jurado y cambiar repentinamente esa estrategia en la pasada legislatura, pasando de la "prudencia" al "doctrinarismo rampante".

Tras señalar que hay que conseguir una mayor participación de los ciudadanos en la administrción de justicia y "no espantarlos", Ollero calificó no obstante de "temerario" atribuir valoraciones jurídicas a ciudadanos que carecen del conocimiento debido enla materia.

DISPARATE

Las reflexiones del portavoz del PP tuvieron cumplida réplica en la intervención del ponente socialista, Alvaro Cuesta, quien tildó de "disparatada" la proposición de los populares y consideró que supone un "retroceso democrático" que revela la desconfianza en los ciudadanos a la hora de participar en la administración de justicia.

Subrayó que no hay que "demonizar" a los miembros del jurado y que el magistrado presidente y los fiscales disponen de mecanismos suficientes d selección y de control para evitar un mal funcionamiento de la institución.

El portavoz del PSOE utilizó un juego de palabrar para poner fin a su intervención al afirmar que, a la vista de la experiencia obtenida, "nuestro veredicto es que el jurado es hoy en nuestro país inocente".

Por su parte, el representante de Izquierda Unida (IU), Pablo Castellano, acusó a Ollero de ser un "antijuradista convencido" y dijo que no se puede poner en cuestión la institución por decisiones como las del "caso tegi".

En su opinión, todo el mundo debe ir "encariñándose" con el jurado y es el Ministerio de Justicia el que debe tomar cartas en el asunto para establecer los mecanismos que garanticen un buen funcionamiento de la institución.

En nombre de CiU, Manuel Silva dijo que el jurado requiere de un periodo de rodaje, al tiempo que pidió a los dos grupos mayoritarios de la Cámara que no conviertan este debate en una "trinchera política".