El portavoz de la APM, Antonio Calderón, manifestó a Servimedia que la aprobación de la Ley del Jurado es positiva porque cumple un mandato recogido en la Constitución, como es la participación directa de los ciudaanos en la administración de justicia.

Sin embargo, criticó el hecho de que, aprovechando la Ley del Jurado, se hayan introducido una serie de medidas que modifican la labor de los jueces instructores, que sufren "claros recortes".

Específicamente, Calderón criticó los recortes de competencias que la nueva ley introduce para los jueces en favor de las partes en el proceso de instrucción y en cuanto a la potestad de ordenar la prisión preventiva, así como la supresión del antejuicio para proceder enalmente contra jueces y magistrados.

José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, acogió también favorablemente la puesta en marcha del jurado, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución. Recordó que su asociación siempre ha sido partidaria del jurado y se congratuló de que el modelo elegido sea el denominado 'puro' (con un jurado compuesto por ciudanos únicamente, sin participación de magistrados).

Ambos portavoces indicaron que ahora hay que comprobar la eficacia de la form en que se va a aplicar el jurado y mostraron su preocupación por los costes que acarreará esta implantación. Según Calderón, el éxito de la actuación del jurado peligra por el hecho de que actualmente no hay medios económicos para sustentarlo y ni siquiera los edificios están adaptados para ello.

Quien sí mostró claramente su disconformidad con la Ley del Jurado fue la Asociación de Fiscales, quien recordó que todas las asociaciones de jueces y fiscales se retiraron en su día de las conversaciones co la Administración por la forma en que se estaba elaborando la ley.

El portavoz de la Asociación de Fiscales, Juan Ortiz Urculo, criticó, en declaraciones a Servimedia, que se haya legislado sobre el jurado sin haber alcanzado el nivel de diálogo suficiente con los profesionales afectados. También censuró que se refuerce el papel de los fiscales en el proceso de instrucción, en detrimento de los jueces, ya que esto supone, a su entender, una merma de la independencia en el proceso.