Así lo avanzó Cruset en unas declaraciones a la prensa mientras se producía el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados y lo confirmó después en la Cámara Baja, donde Pedro Pui, del PP, y Pablo Sáez, de Vox, confirmaron también su rechazo.

De esta manera, el Gobierno no podrá superar este trámite, el primer paso para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Aún así, el Ejecutivo puede continuar con la elaboración de los PGE, aunque con la senda de déficit vigente, que es más exigente para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Cruset explicó que su partido había pedido “que en los objetivos de estabilidad presupuestaria se dotase de una décima más de capacidad a las comunidades autónomas para que estas tuvieran más capacidad y recursos económicos”.

Además, apuntó que Junts escuchó “atentamente” la intervención de la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero “no ha habido ningún cambio en este posicionamiento”, por lo que el Gobierno “no puede contar con los siete votos” de su partido para la tramitación de los Presupuestos y “hoy votaremos en contra de este primer trámite”.

En su comparecencia en el Pleno, el diputado de Junts fue más crítico y tachó a España de “país decrépito donde el paso de los años solo hace que acentuar que los datos van a peor”. Por ello, pidió al Gobierno que se deje “impregnar por la realidad, que es que en España cada vez cuesta mas vivir dignamente y el futuro es más negro”.

Además, criticó que el Gobierno diga que “España vive su mejor omento en la historia” y añadió que lo hace “a base de empobrecer a Cataluña”. Por todo ello, advirtió de que “vayan buscando otros caminos que no pasen por Junts para aprobar los presupuestos de 2025".

La senda de estabilidad rechazada hoy contemplaba que el déficit de todas las administraciones públicas, que se preveía cercano al 3% este año, sería del 2,5% para 2025, bajaría al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027.

La administración central tendría un déficit del 2,2% en 2025, mientras que las comunidades autónomas podrían alcanzar un desfase del 0,1% y los ayuntamientos deberían cerrar con equilibrio presupuestario, objetivos dos décimas inferiores a los vigentes.

Para 2026 y 2027, las comunidades y los ayuntamientos mantendrían sus objetivos, mientras que la administración central bajaría su déficit al 1,8% y 1,5%, respectivamente. En el caso de la Seguridad Social, para este subsector se esperaba un déficit de dos décimas durante estos tres años.

En cuanto al techo de gasto’, el Gobierno había establecido una cuantía de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos europeos, un 0,03% superior al vigente y cifra récord.

Dicha cuantía del ‘techo de gasto’ sin los fondos europeos sería de 195.353 millones de euros, lo que suponía un incremento de 6.138 millones, un 3,2% por encima de la anterior.