Junts, decisivo en muchas votaciones clave, ha anticipado que, con el texto de la propuesto, su postura es una enmienda a la totalidad. Fuentes del partido han considerado que es totalmente “inviable”, ya que con el actual planteamiento tendría un gran impacto económico para el tejido productivo, mayoritariamente pymes y autónomos. El Gobierno solo cuenta con el aval de los sindicatos CCOO y UGT y el rechazo frontal de las patronales, sobre todo las catalanas.

La formación que encabeza Míriam Nogueras en Madrid se muestra clara ante lo que consideran una propuesta que sencillamente “exprime” a las empresas, a los comercios, y a los autónomos, con un aumento de costes que puede acabar perjudicando a los propios trabajadores. Las mismas fuentes aseguran que cualquier medida que se adopte para reducir la jornada debería ir acompañada de incentivos claros, más medidas de flexibilidad y que se tenga en cuenta la productividad y las necesidades de cada sector. “Los trabajadores quieren cobrar más, no trabajar menos”, añaden.

Para Junts, además el foco debe situarse en cómo mejorar la productividad, en reducir el absentismo y en tener un mercado laboral con mejores condiciones para los trabajadores.

El Gobierno de coalición, con la vicepresidenta Yolanda Díaz como gran valedora, también introduce una reforma del control horario para que las jornadas se registren digitalmente de forma obligatoria, hecho inviable para la mayoría de pymes según los independentistas, además de pretender aumentar las sanciones en materia de desconexión digital. El endurecimiento de las sanciones aumenta en varios ámbitos.

La posición de Junts vuelve a ser de oposición frontal y entienden que medidas como el registro de jornada está desconectado de lo que realmente es urgente en el mercado laboral y empresarial, mientras que la desconexión digital implica “más control y fiscalización” por parte del Gobierno cuando las necesidades son otras.

RECHAZO EMPRESARIAL TRANSVERSAL

Desde que se entró el proyecto de ley para reducir las horas semanales trabajadas, las grandes patronales y las patronales de pequeñas y medianas empresas se han movilizado para exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que dé marcha atrás. Consideran fundamental que una eventual reducción de la jornada se ajuste a cada sector a través de la negociación colectiva. Además, lamentan ver “fracasado” el diálogo social estatal del que tanto ha hecho bandera la vicepresidenta Díaz.

Mientras la CEOE ha calificado de “oportunismo político” aprobar la reducción de la jornada en la antesala del Primero de Mayo, patronales como Cecot, Foment, FemCat o Pimec han alertado --ésta última en un acto de rechazo celebrado en Madrid-- de las consecuencias graves que tendrá la normativa si prospera, con un incremento “insostenible” de los costes, especialmente para las microempresas y los sectores más afectados.

En los circuitos empresariales catalanes también se ha extendido, desde hace tiempo, una gran preocupación porque ven que muchas de las medidas adoptadas por el Gobierno, condicionados por Sumar y sus afines, acabarán “cargándose” la clase media.