Por la venta ilícita de alcohol se formularon 261 expedientes, mientras que el tabaco sumó 173. Las sanciones impuestas fueron en su mayoría de carácter leve (290),102 graves (27% del total) y una muy grave, que motivó el cierre del local.

Por provincias, el mayor número de expedientes sancionadores se concentró en la provincia de Granada (113), seguida de Cádiz (99), Jaén (55), Málaga (53), Sevilla (44), Córdoba (28), Almería (22) y Huelva (20).

La mayor parte de las infracciones se impusieron desde la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y sus delegaciones provinciales (65,44%), mientras que el 34,56% restante las llevaron a cabo Ayuntamientos que han solicitado a la Junta las competencias sancionadoras en materia de drogodependencia.

El año pasado, un total de 91 corporaciones locales andaluzas tenían asumidas las competencias delegadas por la Administración autonómica, que permiten iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores por infracciones graves y leves previstas en la Ley 4/1997, de prevención y asistencia en materia de drogas.

Esta normativa regula las medidas y acciones dirigidas a la prevención, asistencia y reinserción, estableciendo además el régimen sancionador aplicable a las infracciones administrativas. En este sentido, amplía las competencias de los municipios otorgándoles también la atribución de recaudar las multas y destinar su importe a iniciativas incluidas en el Plan Andaluz sobre Drogas.

Sevilla es la provincia que cuenta con mayor número de ayuntamientos con competencias asumidas (27), seguida de Jaén (21), Málaga (17), Granada (10), Córdoba (8), Almería (4), Cádiz (3) y Huelva (1).