El programa pretendía proporcionar a jueces y fiscales una información completa sobre la situación socio-familiar de los detenidos y personas que gozan de libertad provisional, según un convenio frmado el pasado año en Granada por la propia administración autónoma y el Consejo General del Poder Judicial.

El acuerdo hacía posible, además, el acceso de la población detenida y sus familias a los servicios sociales, mediante una adecuada atención hacia los problemas específicos que se les plantean y hacia las distintas vías de reinserción de las que pueden disponer.

El convenio quedó "bruscamente interrumpido", según denunciaron hoy a Servimedia parlamentarios de Izquierda Unida, al finalizarlos contratos de los trabajadores que lo llevaban a la práctica.

El diputado Pedro Granados señaló que "en los presupuestos de 1993 no hay ninguna partida para la reanudación del programa", lo que provocará la "retención de determinados expedientes judiciales para los que se habían requerido informes sociales a los trabajadores ahora en paro".

Los equipos de atención social no podrán realizar un seguimiento, dice I.U., al que se habían comprometido con los jueces para poder dejar a algunos delincentes en libertad provisional o internarlos en comunidades terapeúticas de desintoxicación.

El parlamentario andaluz de Izquierda Unida, Pedro Granados, anunció que se dirigirá a la mesa del Parlamento andaluz para interesarse por los planes del gobierno autónomo en relación con el programa.

El convenio fue firmado hace 12 meses por las partes mencionadas y la Junta se comprometió a financiar el personal necesario para llevarlo a la práctica.