La retirada del conflicto se produce tras la reciente entrada en vigor de otra norma estatal, el Real Decreto 310/2005, que, a juicio de la Administración andaluza, devuelve a la comunidad autónoma esta facultad y, por tanto, restablece el orden competencial alterado.

Con la norma ahora vigente, la Junta puede hacer uso de la potestad de limitar la superficie algodonera con derecho a ayuda, previo informe favorable del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aquellos aspectos que pudieran afectar a las competencias estatales.

Andalucía concentra el 95% de la producción algodonera en España, con una superficie que ronda las 90.000 hectáreas y aproximadamente unas 10.000 explotaciones que generan un millón de jornales directos. En los 139 municipios andaluces donde se cultiva algodón, esta actividad absorbe más del 80% del empleo local.