Por ello, José María Manzanares no ha puesto en manos de su abogado el anuncio de expropiación de las fincas "Cerro Teresa" y "Majadas Altas", que tiene en Campo Lugar.

El torero, que compró las fincas a la sociedad "Ronda Ganadera", domiciliada en la localidad cacereña de Campo Lugar, el 23 de diciembre de 1985, firmó las escrituras ante el notario de Madrid Manuel García Atanze-Alvira, según relata el mismo periódico extremeño. Una operación que, en opinión de "Extremadura", el torero consumó lejos de pensar que sus recien adquiridas propiedades serían objetivo preferente del Gobierno extremeño.

Según consta en el Registro de la Propiedad de Logrosán, Manzanares compró la finca "Majadas Altas y Ahijón", de 551 hectáreas, por 30 millones de pesetas, mientras que "Cerro Teresa y Queseras", de 220 hectáreas, le costó 50 millones de pesetas.

La sociedad vendedora, que, según el alcalde de Campo Lugar, Alfonso Brocano, isponía de las propiedades como "tapadera" para el "blanqueo de dinero negro", "tenía su propio banco y encargado boliviano". Según el alcalde, los tres socios se vieron obligados a abandonar España "por piernas".

José María Manzanares, al adquirir las fincas, no reparó en que el Gobierno de Rodríguez Ibarra podía causarle problemas por disponer de dos latifundios en una zona deprimida de la provincia de Cáceres.

El hermano del matador de toros, Pedro Manzanares, afirmó que la familia se siente tanquila ante la situación, porque está convencida de que el proceso de expropiación disparado por la Junta de Extremadura no va a prosperar.

"Las fincas están en explotación", recalcó, "y estamos muy tranquilos, aunque hemos presentado las alegaciones ante el jefe del Servicio de Reforma Agraria", manifestó Pedro Manzanares a "Extremadura". Por el momento, Manzanares sólo ha presentado alegaciones y ni tan siquiera ha puesto el asunto en manos de su abogado.

Por otra parte, el alcalde de Campo Luar asegura que es necesario corregir el grave problema que existe en el municipio, donde los colonos tienen parcelas de cinco hectáreas con las que no pueden vivir.

La medida de la Junta regional ha sido contestada de inmeidato por la asociación Jóvenes Agricultores, que opina que ese intento de expropiación constituye "no sólo un disparate, sino un atropello a la libertad de empresa y a la propiedad privada".