El artículo 16 de la Ley 5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas, establece que la Administración regional ejercitará la acción popular en los procedimientos penales por malos tratos, siempre que la víctima lo solicite o lo aconsejen especiales circunstancias, y el artículo 30 del Decreto 38/2002, de 12 de marzo, de aplicación de la citada Ley, concreta que siempre se hará cuando concurra resultado de muerte.