Los técnicos de Consumo recorrerán sucursales de los 33 bancos nacionales e internacionales que operan en la comunidad autónoma, así como de las 19 cajas de ahorro existentes, situadas tanto en las capitales de provincia como en otras poblaciones, con la intención de obtener una imagen completa de cuál es la situación del sector en Andalucía.

Gobernación ha decidido poner en marcha esta actuación, que se prolongará hasta el mes de diciembre, debido a que el bancario es un ámbito que afecta a un gran número de consumidores, cuyas operaciones tiene gran trascendencia sobre la economía familiar y donde los contratos tienen un alto contenido técnico, dificultando su pleno conocimiento por parte del usuario.

El resultado de las inspecciones, de carácter informativo, se remitirá al Banco de España, así como al Instituto Nacional de Consumo, aunque se abrirán expedientes sancionadores en caso de obstrucción a la labor de los técnicos de la Junta de Andalucía o a raíz de la denuncia de un consumidor. Asimismo, si se detecta alguna infracción de la normativa se notificará a los responsables de las entidades bancarias para que la subsane y posteriormente se le hará un seguimiento.

En cada visita se revisará la información que ofrecen los cajeros, los cuales deben informar al público en las operaciones de extracción de efectivo si ésta es gratuita o, si por el contrario, tiene algún coste añadido por tratarse de una entidad distinta a la que se tiene la cuenta, siendo superior el precio que se cobra si el banco o caja de origen del consumidor no está integrado en la red bancaria de la que se hace uso. Los precios deben advertirse antes de cada operación y el cliente debe autorizar el cobro.

Asimismo, se comprobará que los cajeros informan en sus pantallas de la red a la que pertenecen, si permiten cancelar gratuitamente la realización de operaciones y si junto a la pantalla aparece algún teléfono para el caso de que se produzca una incidencia, llegando a realizar una llamada para comprobar que dicho número se encuentra operativo.

Los inspectores también recabarán los contratos tipo que ofrecen las entidades, que serán sometidos a un estudio con el fin de constatar que no incluyen cláusulas abusivas. También se revisarán los folletos que se encuentran a disposición del público y que deben incluir las tarifas bancarias, así como información sobre las características de los préstamos hipotecarios que se ofertan.

Otro de los aspectos que se revisarán es si se informa a los clientes en el tablón de anuncios de que tienen derecho a solicitar ofertas vinculantes sobre créditos al consumo y préstamos hipotecarios de forma gratuita, además de reflejar la información sobre los tipos de interés, comisiones y gastos repercutibles en los contratos de duración indeterminada y anunciar la existencia de un libro de tasas a disposición del cliente, que podrá consultar las comisiones y coste de los gastos que se le van a cobrar por los distintos servicios.

Por otra parte, se comprobará que la entidad bancaria cuenta con libro de hojas y reclamaciones de la Junta de Andalucía así como un cartel que anuncie su existencia. También se les pedirá el cómputo de reclamaciones recibidas en los últimos seis meses y la contestación que han dado a los reclamantes.