La norma convertirá a Andalucía en la primera comunidad autónoma en introducir con rango de ley las políticas de uso racional del medicamento, según informó hoy la Junta.

Asimismo, supondrá un respaldo jurídico a las medidas que la Junta viene desarrollando en esta materia y que el pasado año permitieron que el gasto farmacéutico registrara el menor incremento del conjunto de España (2,7% frente a la media nacional del 5,6%).

De acuerdo con ello, el borrador de la ley incluye disposiciones para obligar al sistema sanitario público andaluz a seguir adoptando y consolidar estas iniciativas, especialmente la implantación de la receta electrónica y la prescripción por principio activo (sustancia que produce el efecto terapéutico y no una marca comercial), que actualmente supone ya más del 62% de las recetas.

El anteproyecto prevé también la creación de la Comisión Autonómica para el Uso Racional de los Medicamentos, órgano integrado por profesionales de reconocido prestigio que asesorará al sistema sanitario público en esta materia y evaluará la utilidad terapéutica de los nuevos fármacos que se incorporen a la prestación farmacéutica.

Respecto a los servicios, y frente al anterior sistema de adjudicación a instancias del farmacéutico, la consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó tras la reunión del Consejo de Gobierno, que será la Junta la que asuma de oficio la planificación mediante convocatorias públicas.

"El anteproyecto atribuye a la Consejería la competencia de fijar los lugares de apertura de las nuevas oficinas de farmacia, con criterios flexibles que tendrán en cuenta los incrementos de la población tanto censada como flotante e inmigrante", indicó.

MÁS FARMACIAS

De este modo, se permitirán nuevas oficinas en núcleos rurales o de expansión urbana con un mínimo de 1.000 habitantes y en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos. Ello supondrá, a medio plazo, la apertura de 182 farmacias en las ocho provincias andaluzas.

Por otra parte, el anteproyecto prevé también la implantación de servicios farmacéuticos en todos los distritos de atención primaria y en los hospitales de más de cien camas. Esta obligación se hace extensiva a los centros sociosanitarios para personas mayores de más de cien camas, tanto públicos como privados, con el objetivo de mejorar el seguimiento terapéutico de sus residentes.

En el capítulo de derechos y deberes, destacan los relativos a recibir la medicación adecuada, con suficiente información y consejos sobre el tratamiento, y al compromiso de la Administración sanitaria de dotar a los profesionales de una correcta y objetiva formación e información sobre los medicamentos, así como de los medios organizativos, tecnológicos e informáticos necesarios para desarrollar su labor.

Otra novedad destacada es la regulación de los denominados medicamentos huérfanos (aquellos indicados para enfermedades raras que afectan a cinco de cada 10.000 personas). En relación con ello, el texto fija previsiones tanto para fomentar la investigación y producción como para detectar las necesidades no cubiertas en este ámbito.

Finalmente, el anteproyecto normativo presentado se completa con la regulación de otras materias como las relativas a medicamentos de uso animal y piensos medicamentosos; distribución; condiciones de los almacenes y establecimientos mayoristas, y normas de promoción y publicidad.